La realidad negocial moderna ha impuesto una dinámica contractual de elevada complejidad y exposición e inclinación a la práctica ilegal con fuerte compromiso econonómico, estructural y de responsabilidad de la propia empresa que es utilizada como medio para la consumación de maniobras ilícitas.

En dicho entorno empresarial, el cumplimiento normativo o compliance implica, según Ascom (asociación Española de Compliance), cumplir con las leyes, regulaciones, reglas y políticas; implica vigilar constantemente el clima legal y regulatorio en constante cambio, y hacer los cambios necesarios para que la empresa continúe operando con buen prestigio dentro de su industria, comunidad y base de clientes.

Desde la crisis financiera de principios de este siglo, la exigencia de un diligente gobierno en las empresas se ha ido reforzando con una legislación más estricta y exigente con el objeto de combatir las operaciones basadas en la corrupción y camufladas en paraísos fiscales “off shore”. Nuestro país no se encuentra ajeno a esta práctica y dicha circunstancias ha llevado a la legislación global a adecuar las mismas a tales fines, manifestándose en nuestra vida legal a través de distintas normas, que introdujeron la necesidad de mejorar la transparencia, la eficiencia y la protección del inversor en el sector financiero.

Pero ha sido después de la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, que entró en vigor en 2018 y que consolida la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando, las empresas han visto la necesidad de contar con un programa de Compliance.

“El Compliance es una parte esencial de la cultura que deben adoptar todas las organizaciones como parte de un compromiso ético y responsable, y como una forma de generar un valor seguro para sus propios grupos de interés, como clientes, accionistas, empleados y otros”, asegura Sylvia Enseñat, presidenta de Ascom.
El factor ético es un elemento relevante porque dota a las organizaciones de una base que ayuda a crear una cultura de cumplimiento, prevenir, detectar y reaccionar antes de que se puedan producir actuaciones irregulares, fraudes y otros actos contrarios a la legislación y a la ética empresarial y social.

La figura del responsable de Cumplimiento Normativo o Compliance tiene un papel fundamental en la salvaguarda de la responsabilidad penal de la empresa y en el impulso de la reputación, no solo actuando como órgano de control, sino aportando también un valor añadido a la organización, detectando y corrigiendo prácticas indebidas desde los primeros momentos para cuidar de la reputación de la empresa y evitando futuras pérdidas económicas.

Sin perjuicio de ello, las empresas u organizaciones, en general, aún no son conscientes que implementar un programa de cumplimientos o de ética empresarial les haría evitar la persecución y castigo penal, con las consecuentes sanciones pecuniarias, por las conductas ilícitas de sus directivos.

Como conclusión de lo anteriormente expuesto, resulta dable destacar sobre un beneficio secundario que trae este proceso, de muy importante proyección en el desarrollo y planificación comercial, como es la eficiencia empresarial, apuntando a optimizar procesos, que permitan bajar costos, mejores resultados y un mejor resultado final en la empresa. Todo análisis de proceso nos permite ir a mejores prácticas, más eficientes y más eficaces para la Compañía / Ente de Gobierno.

“Un Compliance Officer es una figura que gestiona riesgos. Ha de ser una persona que demuestre valores como integridad, compromiso, liderazgo, comunicación efectiva, la habilidad para insistir y convencer sobre la aceptación de sus recomendaciones y un conocimiento profundo, o disponer de acceso a expertos en temas de cumplimiento normativo”, señala Sylvia Enseñat.

“Para ser Compliance Officer no es un requisito ser licenciado en Derecho. Su conocimiento sobre leyes puede ser un complemento a su función, pero tendrá que rodearse de personas en su equipo que le aporten los conocimientos de los que carece”, concluye Enseñat.

La mejor propuesta para lograr los estándares legislativos vinculados a las políticas de integridad y que propendan al cuidadoso desarrollo de las mismas, cuyo objeto resulte la capacitación, difusión y posterior internalización de los conceptos éticos que redundarán en una mejor reputación empresarial y consiguiente éxito económico y financiero, resulta ser la consultaría en Compliance ético y penal, cuyo abordaje comprende, también, la expertise en cuestiones laborales, tributarias, cambiarias, defensa de la competencia y ética pública, entre otros.